Según un analista de S&P, los planes de reforma judicial del nuevo gobierno israelí de extrema derecha podrían afectar a la calificación crediticia del país, aunque el presupuesto se mantenga bajo control, al igual que una escalada violenta con los palestinos.
En una entrevista con Reuters, el director de Global Ratings, Maxim Rybnikov, dijo que la agencia estaba siguiendo de cerca los movimientos que el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu podría hacer en Cisjordania, así como la prometida reforma judicial que recortaría los poderes del Tribunal Supremo.
"Esto podría presentar riesgo de baja (para las calificaciones crediticias de Israel), alterando el equilibrio actual", dijo. "La principal preocupación para nosotros sería la situación de seguridad, que podría verse socavada en un escenario de políticas de mano dura".
El año pasado se registraron algunos de los peores episodios de violencia en Cisjordania en años. El gobierno de coalición de Netanyahu, que asumió su cargo el mes pasado, ha prometido reforzar los asentamientos israelíes en la tierra que los palestinos buscan para crear un Estado. El gabinete también incluye socios que abogan por la anexión de ese territorio.
"Si los cambios anunciados en el sistema judicial marcan una tendencia de debilitamiento de las disposiciones institucionales de Israel y de los controles y equilibrios existentes, en el futuro esto podría presentar riesgos de baja para las calificaciones crediticias. Pero aún no hemos llegado a ese punto", afirmó.
"Una retórica de mano dura que socave la frágil situación en Cisjordania podría generar riesgos también", dijo Rybnikov. "Si vemos más protestas, esto no va a ser una buena noticia tampoco para la economía".
La ambiciosa propuesta del Gobierno en relación con el poder judicial ha desatado una tormenta en Israel, y una serie de ex altos cargos del poder judicial han sido los últimos en sumarse a la creciente protesta contra la reforma propuesta en una carta sin precedentes.
Siete ex fiscales generales que han desempeñado el cargo durante las últimas cinco décadas -entre ellos dos nombrados por Netanyahu, cuyo ministro de Justicia encabeza las reformas- firmaron una carta de protesta, junto con otros cuatro ex altos funcionarios jurídicos. En la carta se denuncian los cambios propuestos, afirmando que son destructivos para el sistema jurídico del país.
"Pedimos al gobierno que retire el plan propuesto y evite graves daños al sistema judicial y al Estado de derecho", dice la carta. Los ex funcionarios dijeron que las reformas convertirían al Tribunal Supremo, a menudo el último recurso de israelíes y palestinos que tratan de impugnar lo que consideran políticas discriminatorias, en un "órgano pseudo político, siempre sospechado de torcer la ley a favor del gobierno".
Associated Press contribuyó a este reportaje.