En respuesta al Tribunal Superior de Justicia, tras la respuesta del fiscal general Gali Baharav-Miara ayer (martes), el gobierno y su jefe Benjamin Netanyahu pidieron cancelar la orden temporal emitida por la jueza Gila Kanfi-Steinitz, y congelar la destitución del jefe del Shin Bet, Ronen Bar. Al mismo tiempo, la respuesta del gobierno declaró explícitamente, por primera vez desde la decisión, que "el jefe del Shin Bet permanecerá y servirá en su cargo hasta que el tribunal tome otra decisión".
En la misma respuesta de Netanyahu y el gobierno, se escribió que "la fiscal general decidió no cumplir con la decisión del tribunal y no responder a la solicitud de una orden provisional. Esta grave conducta, que toma la justicia por su mano, es aún más severa cuando el Shin Bet, en tiempo de guerra, está encabezado por una persona que no goza de la confianza del gobierno".
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Ronen Bar, jefe del Shin Bet, seguirá en su cargo hasta nueva orden judicial.
(Motti Kimchi)
"Por si fuera poco, la fiscal general optó por no responder a la solicitud, sino pedirle al tribunal que rechazara su respuesta", atacaron. "Sólo entonces el tribunal y las partes 'tendrán derecho' a saber cuál es su posición sobre la solicitud de una orden provisional, que será superflua en cualquier caso, si el tribunal acepta su solicitud de mantener la orden en vigor hasta esta fecha posterior". Escribieron que su afirmación de que hay "fallas materiales" en la decisión del gobierno, sin darle ningún contenido real,es "un acto que no se hará".
Como se ha señalado, anoche la fiscal general pidió al Tribunal Superior que respondiera a la solicitud de una orden provisional sólo en la etapa de presentación de una respuesta al órgano de peticiones, y explicó que aún no había completado la aclaración fáctica sobre la cuestión del conflicto de intereses del primer ministro. La respuesta del gobierno también declaró hoy que "no hay justificación para impedir el proceso de reemplazo del jefe del Shin Bet y promoverlo. La importancia de la posición de la fiscal general es que incluso si la petición es rechazada, el jefe en funciones del Shin Bet terminará su mandato sin que se nombre a un reemplazo permanente. Esta situación requerirá el nombramiento de un jefe en funciones y conducirá a la continuación de la espiral en la que se encuentra el Shin Bet en la situación actual, en la que se ha congelado la decisión del gobierno de terminar el mandato de su jefe".
También se argumentó que "el momento de la terminación del mandato del jefe del Shin Bet fue determinado por el gobierno a la luz de la estrecha ventana de oportunidad que permite su reemplazo en el momento actual. Cualquier retraso podría tener implicaciones para la seguridad nacional".
En una declaración ante el Tribunal Superior de Justicia ayer, la fiscal general también abordó la cuestión del momento de la destitución, escribiendo: "Como se informó al Primer Ministro antes de la reunión del Gabinete, el examen fáctico y jurídico de la cuestión del conflicto de intereses aún no se ha completado, pero la discusión del Gabinete fue convocada de todos modos. También se requiere otorgar tiempo adicional para presentar la respuesta del Estado a la solicitud de una orden provisional con el fin de completar el examen de una cuestión de esta importancia, antes de la presentación de la respuesta".
A continuación, enfatizó que "puede decirse en esta etapa que la decisión gubernamental que es objeto de las peticiones en cuestión adolece de vicios materiales que van a la raíz de la acción administrativa, tanto en relación con el proceso de toma de decisiones como en relación con la discrecionalidad ejercida en el marco de la toma de decisiones, como también se desprende de las cartas de la Procuradora General que se adjuntaron como anexos a las peticiones, y de la opinión que presentó al Gobierno durante su reunión". Al final de la carta, pidió al Tribunal Superior de Justicia que prorrogue la medida cautelar que preserva el statu quo hasta la audiencia programada para el 8 de abril.
