El abogado del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, Boaz Ben Tzur, se acercó recientemente al fiscal general Avichai Mandelblit, en un esfuerzo por asegurar un acuerdo de culpabilidad y poner fin a su juicio por cargos de corrupción.
Netanyahu está siendo juzgado en el Tribunal de Distrito de Jerusalem por cargos de soborno, abuso de confianza y fraude.
El momento de las conversaciones estuvo vinculado al final del mandato del Fiscal General, previsto para finales de enero.
En un acuerdo reciente y controvertido alcanzado con el líder de Shas, Aryeh Deri, Mandelblit no insistió en una cláusula de vileza moral, que habría significado el fin de la carrera política de Deri, que se vería impedido de postularse para un cargo público durante siete años. Netanyahu aspira a un acuerdo parecido para su caso.
Mandelblit fue abordado hace varias semanas por el abogado de Netanyahu. La oficina del fiscal general definió la conversación como un "control de viabilidad" y no una negociación. Y agregó que las negociaciones sólo se llevarán a cabo con la participación de todos los abogados involucrados en los casos de corrupción, para que todos puedan opinar.
Ben Tzur afirmó que su cliente era muy sensible a cada informe de noticias o cualquier filtración, como intento de explicar por qué participaba él solo del encuentro.
Pero las negociaciones iniciales igualmente se desarrollaron, y la propuesta presentada por Ben Tzur fue que el cargo de soborno –que involucra favores legislativos al magnate de las comunicaciones Shaul Elovitch– fuera retirado, que Netanyahu admitiría dos cargos de fraude y abuso de confianza, y sería sentenciado a servicio comunitario por menos de tres meses. También insistió en que el líder de la oposición no sería acusado de actuar sobre la base de "vileza moral", citando la precedencia del acuerdo de Deri.
Ben Tzur agregó que Netanyahu prometía retirarse de la Knesset y no regresar por un tiempo no especificado. Pero Mandelblit rechazó la oferta, alegando que el acuerdo de Deri involucraba violaciones fiscales, y el caso en cuestión trata sobre corrupción gubernamental.
Por lo tanto, la cláusula de vileza moral no puede ser anulada, y no se puede confiar en la buena voluntad del acusado. según los informes.
Estos cargos sólo pueden terminar con una pena de prisión o con más de tres meses de servicio comunitario junto con una exclusión de siete años de participar en las elecciones a la Knesset y ocupar un cargo en el gobierno.