La mayoría de los israelíes de edad avanzada o pertenecientes a grupos de riesgo ya han recibido una o ambas vacunas de Pfizer, un logro verdaderamente encomiable. Quienes no han iniciado el proceso de inmunización son los ciudadanos considerados “antivacunas”, que se rehúsan a inocularse y, por consiguiente, ponen en riesgo los beneficios de la exitosa campaña.
El Ministerio de Educación publicó el martes datos sobre las infecciones entre el personal docente y el cuerpo estudiantil, mostrando que 13.681 estudiantes de los niveles primario y secundario y 1.213 del terciario estaban actualmente transitando la enfermedad.
El lunes, por ejemplo, una sola maestra infectó a 12 de sus alumnos. Ella pudo haber rechazado la vacuna o podría tener razones médicas para evitarla, pero no se puede argumentar en contra del hecho de que el derecho a la salud de sus estudiantes reemplaza su derecho a la privacidad.
La problemática fue abordada por la Knesset en febrero, cuando votó a favor de aprobar una ley que permitiera a los municipios recibir información personal sobre los residentes que no habían sido inoculados. La ley no otorga la autoridad para imponer la vacuna a quien la rechace, pero al menos se puede hacer un esfuerzo para persuadirlos de la importancia de la inmunización para la salud pública.
Sin embargo, el Tribunal Superior no estuvo de acuerdo. La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, sentada a la cabeza de un panel de jueces, dictaminó el martes la legislación de la Knesset comprometía el derecho a la privacidad.
Hayut está en lo cierto. Pero lo que debe entender es que es una medida acorde a los tiempos que vivimos. No debería ser algo definitivo, sino más bien temporal. A modo de emergencia, para tratar de terminar de una buena vez con la pandemia.
Los jueces sugirieron algunas opciones a la ley, ofreciendo diferentes medidas que podrían usarse para instar a las personas a recibir vacunas. No obstante, ¿qué da a los honorables jueces el derecho a sugerir alternativas? ¿Tienen toda la información necesaria para respaldar sus sugerencias? ¿Han considerado los riesgos? ¿Han sopesado los peligros?
Este tipo de decisiones no formar parte de su trabajo. Pueden y deben considerar la cuestión de la privacidad, pero si se quiere mantener la separación de poderes, deben dejar las decisiones a quienes tienen la autoridad para tomarlas.
Los tribunales deben revocar la legislación solo en casos extremos cuando se violan los derechos personales. Este no es el caso. Después de que casi 6.000 israelíes perdieran la vida a causa del COVID-19, los esfuerzos para frenar la propagación del virus y prevenir más enfermedades instando a las personas a vacunarse son válidos y razonables.
Si bien no está claro si divulgar los nombres de las personas que rechazan las inyecciones reducirá las muertes, la Knesset puede y debe tomar incluso algunas medidas extremas para hacer frente a la pandemia. Y los jueces honorables deben proteger la ley, pero no escribirla.
