Esta semana Omer Bar Lev, ministro de Seguridad Interior, explicó uno de los motivos de la reciente decisión de involucrar al servicio de inteligencia Shin Bet en la lucha contra el crimen en la sociedad árabe: dijo que en caso de una guerra contra Hezbollah, mientras el ejército se moviliza hacia el norte, podrían encontrarse con una rebelión de árabes israelíes armados. El argumento del ministro es una incitación contra la sociedad árabe israelí y ubica en el lugar de enemigos a dos millones de ciudadanos.
Pasaron dos años desde que publiqué un artículo en Ynet pidiendo la intervención del Shin Bet en la erradicación del crimen en el sector árabe. Desde entonces, se sumaron alrededor de 200 muertes, decenas de familias fueron destruidas y cientos de niños quedaron huérfanos. El terror en la calle árabe se intensificó, y también el nivel de miedo que viven los vecinos.
Paradójicamente, parte de esta ola de violencia se debe al aumento de los presupuestos a las localidades árabes. El flujo de grandes sumas de dinero es muy tentador para las organizaciones criminales. Sus miembros se hicieron cargo de licitaciones gubernamentales y ampliaron sus tarifas. Ante la falta de control y aplicación de la ley, los jefes locales temen enfrentarse a los delincuentes, y lamentablemente algunos de ellos se rindieron priorizando su seguridad personal por encima del interés público.
Hace unos días el gobierno israelí se despertó y tomó la decisión de involucrar al Shin Bet en la misión nacional de eliminar los arsenales de armas y reducir los crímenes. Pero para la sociedad árabe israelí esto no es ninguna novedad: el Shin Bet está dentro de la sociedad árabe desde la fundación del Estado de Israel. Se sabe que sus miembros están involucrados en la toma de decisiones sobre diversos temas, pero que lo hace por debajo de la superficie y solamente se expone en casos excepcionales, como ocurrió en la operación Guardián de los Muros.
Por ejemplo, hace unos años se reveló que un miembro del Shin Bet formaba parte de comités que recomendaban el nombramiento de directores de escuelas. Con la intervención de la Corte Suprema, ese cargo fue oficialmente suspendido, pero el año pasado quedó claro que la agencia continúa participando en la organización del sistema educativo del sector árabe.
Los organismos gubernamentales, al menos en materia de seguridad, están unidos y sincronizados en consideraciones que dicen buscar la seguridad del Estado de Israel, pero en la práctica mantienen únicamente la seguridad de los ciudadanos judíos.
La mayoría de los delitos cometidos por árabes contra judíos se definen inicialmente como delitos con una base nacionalista para justificar la investigación del Shin Bet. Así, la organización logró encontrar respuestas con impresionante rapidez a los asesinatos de Tomer Hazan en 2013, Shelly Dadon en 2014 y Tehila Nagar en 2016, por citar algunos ejemplos. Por eso solo queda lamentarse porque el Shin Bet no haya puesto a disposición sus recursos, probados y sofisticados, para esclarecer al menos un crimen contra un ciudadano árabe.
El gobierno entiende la incautación de armas de organizaciones árabes como una cuestión nacional y de seguridad que justifica profundizar la participación del Shin Bet, por lo que no precisa ampliar poderes ni enmendar ninguna ley. Sin embargo, sin una disposición legal clara y limitada en el tiempo, que establezca límites y señale objetivos, la inteligencia interior se abusará de sus facultades y no se limitará exclusivamente a recolectar armas.
Hubiera sido correcto modificar la ley de manera controlada, o impulsar una disposición temporal que defina explícitamente las competencias del Shin Bet en la materia. Solamente la transparencia puede minimizar la violación de los derechos democráticos de los ciudadanos árabes, que arrastran una amarga experiencia de persecusión de activistas políticos y daños a sus medios de vida.
