En el marco de la discusión sobre la continuidad del control sobre la Ruta de Filadelfia, y junto con el fracaso en la decisión de quién reemplazará a Hamás en la administración civil, se planteó la posibilidad de que las FDI asumieran la responsabilidad de la continuación del suministro humanitario: acompañar a los camiones, asegurarlos y asegurarse de que el suministro llegue a los residentes locales, y sólo a ellos. El ejército, como se informó, se niega a aceptar la responsabilidad de este asunto porque, en su opinión, pondría en peligro la seguridad de los soldados, que probablemente serán atacados por terroristas.
Hubo quienes vieron ese paso como el comienzo de un gobierno militar en Gaza, una administración que existió durante años hasta que decidimos retirarnos y abandonar Gaza. No estoy seguro de que el gobierno militar sea algo que necesitemos hoy, pero aun sin quererlo nuestro control continuo sobre la Ruta de Filadelfia u otras partes de la Franja de Gaza puede imponer al Estado de Israel la responsabilidad legal de la seguridad y el bienestar de los civiles que no participan en las hostilidades, sobre la base de las normas del derecho internacional.
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Soldados israelíes participan de la destrucción de túneles en el Corredor de Filadelfia.
(FDI)
Es cierto que el Estado de Israel se vio obligado a entrar en la Franja de Gaza después de las atrocidades del 7 de octubre con el fin de derrocar a Hamás y destruir su infraestructura como parte de nuestro derecho a la autodefensa. Sin embargo, este derecho de legítima defensa no amenaza nuestro deber como potencia ocupante de garantizar la seguridad de los civiles no involucrados. Así que tengo curiosidad por saber si alguien en el gobierno ha pensado en el alcance de nuestra responsabilidad para con la población civil si seguimos controlando partes de la Franja de Gaza.
Podemos obtener pruebas de esta responsabilidad en las decisiones provisionales de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que emitió órdenes en las que se nos instruía a proporcionar suministros humanitarios a los no combatientes en el marco de la demanda presentada contra nosotros por Sudáfrica en virtud de la Convención para la Prevención del Genocidio.
El derecho internacional, en el marco de los Convenios de Ginebra y de sus protocolos, impone a un Estado que tiene un territorio bajo control militar –como lo hace después de una guerra y mientras siga manteniendo ese territorio– que debe garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil, que está protegida y goza de plena inmunidad contra cualquier daño. No es necesario controlar toda la Franja de Gaza para comprometerse con la seguridad de los civiles: basta con un control efectivo como resultado de mantener las ubicaciones centrales.
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Una mujer es retirada por la fuerza de su hogar en un asentamiento de la Franja de Gaza en 2005.
(Avi Moalem)
Con la retirada de la Franja de Gaza en 2005, Israel dejó de ser responsable de lo que ocurría dentro de ella y respondió a los ataques desde allí con operaciones militares selectivas. La vida civil dentro de Gaza fue gestionada por Hamás, a pesar de que había países en la comunidad internacional que no veían nuestra retirada de Gaza como un cese del control sobre lo que estaba sucediendo allí.
Lo que está claro hoy es que nuestra entrada en Gaza por razones de legítima defensa y el colapso de Hamás, y en ausencia de cualquier otra entidad que asuma la responsabilidad de las vidas de los civiles allí, nos hace recaer la responsabilidad del bienestar de esos civiles. Sólo una retirada total de toda la Franja de Gaza y la transferencia del gobierno civil a una entidad acordada pondrán fin a nuestra responsabilidad jurídica. La evidencia de la posibilidad de renovar el gobierno militar en Gaza se puede ver en la decisión de renovar el papel del gobernador militar de la Franja de Gaza, la persona responsable de administrar la vida civil allí.
(*) Profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Haifa y miembro del cuerpo docente de la Facultad de Derecho del Netanya Academic College
